Unas horas después de experimentar una derrota significativa en el Parlamento, la primera consulta del gobierno popular de Gustavo Petro fue convocada por el presidente de Colombia. Esta consulta incluyó una llamada a las organizaciones sociales, buscando su asesoramiento, así como un nuevo intento de establecer un acuerdo de participación popular, inspirado en la Constitución de 1991 pero con un enfoque renovado desde la independencia. Este tipo de iniciativas subraya la necesidad del gobierno de involucrar al pueblo directamente en las decisiones que les afectan.
Un cabildo es, en esencia, una reunión pública que se puede realizar durante los períodos regulares de las asambleas de la facultad, donde se agrupan las autoridades distritales y locales, además de los Comités Administrativos Locales (JAL). Estos espacios están abiertos a la ciudadanía, quienes tienen la oportunidad de participar, siempre que contengan un registro previo del comité del proyecto, lo que permite discutir intereses comunitarios esenciales.
Recientemente, la definición de “cabildo” fue abordada por la Ley, que lo describe como “la reunión de la soberanía para discutir libremente o influir en los problemas que son de interés”. Esto indica que el cabildo tiene un carácter de transformación y discusión colectiva, lo cual es vital en la política contemporánea.
Con el avance de la tecnología y las nuevas formas de interactuar políticamente, los escenarios se han ampliado, permitiendo a los ciudadanos involucrarse de manera más directa en procesos de toma de decisiones. Según la Ley 1757 de 2015, los cabildos se presentan como una iniciativa popular, lo que ha llevado a algunas ONG a adoptar esta terminología. Precisamente, fue a estos grupos a quienes el presidente se dirigió durante su reciente discurso, buscando su colaboración y participación activa en el proceso político.
Gabriel Cifuentes, un político y columnista de este periódico, argumenta que la apertura del Consejo es simbólica. Aunque su impacto no es vinculante, es un paso significativo hacia la inclusión de la voz de la población. “El concepto de cabildo data de las primeras décadas de nuestra independencia, y está principalmente diseñado para atender cuestiones locales. No puede ser un espacio abierto para debates a nivel nacional, ya que su aplicación debe ser local o en el contexto de los JAL”, explicó.
Además, Cifuentes subrayó que este gesto está relacionado con el simbolismo que representa por sí mismo: ir a las calles y llenar las plazas, enfatizando la constante trayectoria política marcada por el presidente. “La apertura del Consejo representa una forma de activar políticamente a los ciudadanos. Sin embargo, su efecto legal podría ser escaso. No lo considero un mecanismo adecuado para revivir la consulta popular, ya que su valor radica más en lo simbólico que en lo práctico”, afirmó.
Esta narrativa ha sido parte del discurso del presidente desde su inicio, recordando momentos, como durante la conmemoración del 1 de mayo, donde se refirió a los sindicatos y su lucha, invocando figuras históricas como Bolívar y usando la poderosa imagen de “guerra a la muerte”. En estos eventos, la idea de cabildos abiertos trae consigo un recuerdo significativo de oportunidades de diálogo y participación popular que han marcado nuestra historia-colonial y republicana, actuando como espacios propensos para desactivar tensiones sociales y conectar a los ciudadanos con sus representantes e instituciones.
Sin embargo, la historia también nos advierte sobre las limitaciones de tales iniciativas; a pesar de su gran valor histórico y capacidad para fomentar el diálogo, no siempre logran revivir procesos cruciales como la consulta popular.
