En un caso alarmante de abuso de poder y negligencia en el ámbito educativo, el fiscal general de la nación tomó una decisión drástica contra Ismael Felipe Jiménez Riaño, quien fue sancionado debido a su conducta inapropiada durante un periodo de 14 años en la Institución de Educación Técnica del Maestro Thaamar, ubicada en Soledad, Comuna Atlántico. Este fue un paso significativo por la gravedad de los hechos que salieron a la luz, lo que refuerza la importancia de proteger a los menores dentro del entorno escolar.
La medida que tomó el fiscal fue resultado de una investigación que reveló que Jiménez Riaño, quien se desempeñaba como profesor de educación física, había mantenido relaciones sexuales con un alumno que no había alcanzado la edad de 14 años. Estas relaciones se llevaron a cabo en varias ocasiones, marcando un claro abuso de su autoridad y confianza.
Los sucesos implicaron encuentros tanto en las instalaciones de la institución educativa como en un motel local, donde el maestro, en un acto de desmesurada irresponsabilidad, hizo uso de un teléfono móvil para registrar las interacciones, guardando las imágenes con el propósito de recordar esos momentos, lo que evidencia aún más su desprecio por las normas y su responsabilidad como educador.
Los eventos sucedieron dentro de una escuela en la comuna de Soledad, Atlántico. Foto:Archivo/tiempo
La Oficina del Fiscal General subrayó que las acciones de Jiménez Riaño causaron daños irreparables en la intimidad y la integridad sexual del menor, afectando no solo su salud física, sino también su bienestar emocional, generando sentimientos de confusión, miedo y una profunda frustración que acompañará al joven durante un tiempo indefinido.
Es imperativo recordar que la función de un pedagogo no es solo transmitir conocimientos, sino también inspirar y guiar a sus estudiantes hacia un desarrollo integral. En este sentido, Jiménez Riaño traicionó gravemente esa misión, convirtiéndose en un depredador dentro del entorno que se supone que debería ser seguro para los estudiantes.
Oficina del Fiscal General. Foto:Tiempo
El ministerio público también enfatizó la importancia de proporcionar una protección especial a los niños, como lo estipulan diversas regulaciones internacionales, resaltando su situación de vulnerabilidad y la urgente necesidad de garantizar su desarrollo de manera saludable y en un entorno seguro. La educación debe ser un lugar donde los jóvenes puedan crecer y aprender sin temor.
Al abusar de su posición y de la confianza que se le otorgó como educador, Jiménez Riaño cometió una violación grave a sus deberes como funcionario público, lo que afecta no solo al individuo involucrado, sino a toda la comunidad educativa y al funcionamiento del Estado en su conjunto.
Según el fiscal regional de la sentencia del Atlántico, en esta fase del juicio se concluyó que la psique del maestro estaba marcada por un patrón repetitivo que lo llevó a cometer crímenes atroces contra un menor, quien era un estudiante de secundaria en el momento de los hechos. En consecuencia, se describió la naturaleza de los crímenes de Jiménez Riaño como particularmente graves, revelando una intención premeditada y un desprecio absoluto por la ley y la ética profesional.
