Los grupos de autodefensa, conocidos como AGC o el grupo de clan del Golfo Persa, continúan su actividad criminal a pesar del juicio. Su atención se centra especialmente en las obras cívicas que se llevan a cabo en los departamentos de Sucre y Córdoba. Estas agrupaciones ejercen presión sobre los contratistas para que cumplan con sus demandas, ya sea mediante extorsiones o amenazando a los trabajadores y las máquinas involucradas en los proyectos.
Estas acciones delictivas se repiten en múltiples frentes de trabajo, a pesar de que se ha documentado un registro de líderes, jefes de zonas, jefes financieros y miembros destacados de la organización en ambos departamentos. A medida que el tiempo avanza, las comunidades afectadas ven cómo su anhelo de progreso se desvanece, enfrentándose a un contexto de creciente violencia y falta de desarrollo.
La situación es devastadora para las comunidades, que observan cómo sus esperanzas en la infraestructura y el progreso se esfuman, con un futuro sombrío a la vista.
Se combinaron varias máquinas en las zonas rurales de Sahagún y San Marcos. Foto:Redes sociales
Luego de conseguir sus objetivos, el grupo criminal exige el pago de grandes sumas de dinero, que pueden ascender a millones de pesos, a cambio de permitir que las obras continúen. En otros casos, la amenaza es aún más grave: la vida de los trabajadores y la destrucción de máquinas amarillas utilizadas en el trabajo.
Un líder comunitario, que solicitó mantener su identidad en reserva, expresó: “No comprendemos cómo este grupo que asegura defender a la gente que trabaja para el bien de la comunidad, lleva a cabo acciones en contra de nosotros, los habitantes de las veredas y corregimientos. Si realizan una recolección o ataque, las obras nunca se materializarán. Esto es una verdadera tragedia para la gente”.
Poblaciones de viajes de AGC
Los funcionarios de la administración tanto municipal como departamental informan que los miembros del grupo ilegal Bahía se trasladan por las poblaciones en busca de obras ya iniciadas o que estén por comenzar.
Al identificar a los contratistas, ellos se desplazan hasta la ubicación para entregar un número de contacto móvil. Este número corresponde al líder regional, quien determina el valor a pagar para permitir que sigan trabajando, lo que sostiene un ciclo de extorsión indefinido.
De acuerdo al Ministerio de Infraestructura de Sucre, en la mayoría de los casos donde se presentan estas situaciones, la orden es paralizar las obras para evitar el pago de extorsiones. La intervención de entidades de seguridad, como la policía del Grupo Gaula, la Marina Nacional y el Ejército, es fundamental en estos casos, y se realiza una investigación hasta garantizar la seguridad del contratista y el progreso del proyecto.
“Si todas las medidas de seguridad están garantizadas, el trabajo se reinicia”, afirman las autoridades.
En algunos casos, bajo la oscuridad de la noche, los criminales incineran las máquinas de trabajo, asestando un golpe devastador a las comunidades que ya enfrentan dificultades.
Las fuerzas militares tienen presencia en el área. Foto:Redes sociales
Así ocurrió en los sectores rurales de Sahagún, Córdoba, donde se ha reportado que las máquinas han sido destruidas por fuego en repetidas ocasiones. Otro incidente similar se registró en El Llano, en las zonas rurales de San Marcos, en la región de San Jorge Sucreño, donde la máquina destinada a las labores viales fue consumida por las llamas.
Para seguir adelante con el asfaltado, la administración municipal de San Marcos se vio obligada a solicitar la intervención de las autoridades y la militarización de puntos estratégicos para poder concluir el proyecto.
El requisito también se cobra en el área urbana.
La extorsión no es un fenómeno aislado en las vías rurales, sino que también afecta la zona urbana. En varios proyectos de infraestructura ejecutados en Vejo y Corozal, las obras han requerido el acompañamiento constante de las fuerzas del orden para poder ser finalizadas.
Por ejemplo, el proyecto Alled Panel Bride I, que se encuentra en la entrada de la comuna corozal, así como la carretera troncal en el Occidente, se detuvo después de meses de arduo trabajo por la amenaza del grupo criminal.
La misma situación se presentó en el distrito de Libertad de JOJO, donde el ejército tuvo que ser desplegado en puntos clave para garantizar la finalización del trabajo.
A pesar de la intervención de las autoridades, la situación sigue siendo alarmante. Las extorsiones proseguían y parece que las respuestas de las fuerzas del orden no están teniendo el impacto deseado en la comunidad.
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