El proceso de negociación con los opositores, en particular con Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, había logrado una cierta estabilidad a lo largo de varios meses, aunque se presentaron algunos avances. Sin embargo, la situación se intensificó con un significativo desarrollo en la compañía de Isaiah Carvajal, del Comandante Jorge Suárez Briceño Block. En un ataque devastador, se reportó que siete soldados perdieron la vida en el asalto en la sala de infantería no. 19, bajo la supervisión de Joaquín París, quien es responsable de la seguridad en la antigua zona costera de entrenamiento y el receptor (AETCR) Charras, ubicada en la Liga Guavie.
Las víctimas de este ataque han sido identificadas como el entrenador del equipo Darwin Pérez Sánchez, junto a varios soldados, entre ellos Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Bohorquez Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Picros, Jean Carlos Bolaña Roma, y Moisés Picros. Adicionalmente, otros cinco soldados fueron secuestrados durante el ataque y posteriormente liberados en la comunidad de Guanapalo.
Seis ejércitos murieron en el asalto en Guavare. Foto:Cortesía
Este crimen fue calificado por el ejército como una “obvia falta de voluntad por la paz.” Lo alarmante de este incidente es que ocurrió apenas siete días después de que el presidente Gustavo Petro firmara una directiva que detuvo las operaciones militares contra esta estructura, junto con otros dos bloques que integran el personal independiente de los bloques y frentes (FMI), una coalición de organizaciones anti-desintegración surgidas tras la ruptura de los principales mandos de Alias IVán.
Este hecho es crucial, ya que la decisión se tomó menos de 24 horas después de que se recomendara no extender el alto el fuego. Esto ha generado decenas de críticas hacia el gobierno y ha puesto de relieve errores metodológicos que han conducido a contradicciones y conflictos internos.
La medida, que fue unilateral, marcó el comienzo de un desafío para el nuevo gobierno que se enfrenta a otros cinco grupos armados: ELN, el clan Gulf, Segunda Marquetalia, y la autopensa para Sierra Nevada. Sin embargo, no se comprometió a ningún tipo de obligación con esta organización y se basó únicamente en su “buena fe.” Esta situación ha dejado a muchos observadores y analistas preocupados.
Después del ataque, el grupo armado argumentó que habían actuado en “defensa legítima.” Sin embargo, las evidencias preliminares sugieren que un grupo de militares se encontraba en el área después de haber estado asignado a una guardia durante un tiempo, en una región construida desde 2017 a partir de relaciones anteriores entre el FARC, que ya no existe, y donde no se estaban llevando a cabo operaciones militares durante el ataque.
Ante este complejo escenario, el presidente Petro ha solicitado al ejecutivo independiente que examine “las circunstancias del ataque militar en Guavee.” Es importante destacar que, para evaluar esta suspensión de operaciones, se ha propuesto la formación de un equipo político que incluiría al jefe de paz, Otty Patiño, un representante del Ministerio de Defensa, un representante del público, y miembros del equipo de negociación.
Alexander Díaz, alias Calarcá. Foto:Archivo privado
El papel de este grupo se encuentra en una posición incierta, respecto a si estará vinculado a la Comisión Independiente como lo exige el Jefe de Estado, quien ahora debe evaluar si la estructura armada demuestra una verdadera disposición para avanzar en el proceso de paz.
Para Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, este evento no parece ser un mero accidente o un encuentro desafortunado, sino que muestra signos de haber sido premeditado. “La sostenibilidad del proceso del FMI cuelga de un hilo, ya que un resultado operativo, como el de la guayaba, solo se consigue con planificación táctica y un buen trabajo de inteligencia,” afirmó.
Además, el gobierno está tomando este ataque como un ultimátum para que las estructuras que se oponen inicien su proceso de concentración, en dirección hacia un desarme final que aún parece estar lejos de ser alcanzado.
En una cumbre de la Fedepartación celebrada en Yopal, Casanare, Armando Benedetti había lanzado ya una advertencia al grupo, señalando que se habían reportado pocos días de calma tras el ataque, lo que implica que este grupo debería estar enfocado y cumpliendo con su compromiso de negociaciones. “Calarcá no detuvo el fuego; en Norte de Santander, se hizo y necesitamos que ya se concentren en los próximos 20 días. Si no, estas negociaciones no avanzarán,” expresó el ministro del interior.
La advertencia cobró mayor relevancia después de las declaraciones del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Antes de una reunión de la Fuerza Pública, el Ministro enfatizó la necesidad de considerar el futuro del proceso de paz y expuso tres posibles enfoques: posponer la mesa de negociación, presionar a Jorge Suárez Briceño, o esperar hasta el 18 de mayo para tomar una decisión más informada.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compartió su visión sobre el proceso de negociación. Foto:César Melgarejo.
Posteriormente a la reunión, se informó que tanto los militares como la policía nacional debían demostrar todas las capacidades del Estado para protegerse, independientemente de si se enfrentaban a los opositores de Calarcá o debían vencer a otros adversarios.
El jefe del Museo de Seguridad declaró que “la paz es posible” pero subrayó que no se trata de un mero cuestionamiento. “No vamos a preguntar a los delincuentes y no nos haremos preguntas a nosotros mismos, como ciudadanos,” afirmó.
Estas declaraciones dejan el proceso en una situación delicada, en un momento crítico donde se habían logrado acuerdos sobre la transformación de las aguas territoriales, especialmente en el Amazon Bogan. Por ahora, la delegación del gobierno no ha alcanzado ningún acuerdo; en situaciones semejantes, el Secretario General ha pospuesto las mesas de negociaciones con el ELN y detenido diálogos con los opositores de alias Iván Bade.
Camilo A. Castillo
Político
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