Tienen TPS, vivieron en Florida e hicieron algo que pueda ayudar a muchos, pero ilegales

El Ministerio de Justicia emitió un anuncio oficial que revela el arresto de Freddy Urribarri, un ciudadano de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39 años. Ambos están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Los ciudadanos, originarios de Dania Beach, en Florida, facilitaron un fraude para obtener fondos destinados a ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia provocada por el Covid-19. Aunque la medida estaba pensada con buenas intenciones, los acusados emplearon documentación fiscal falsa y fraudulenta para obtener dos préstamos destinados a empresas que no existían.

Además, ambos, que son de nacionalidad venezolana, enviaron solicitudes de préstamos para la empresa FU & MM, donde ocupaban los roles de presidenta y vicepresidente. En sus solicitudes, borraron ingresos y el número de empleados reales, utilizando información engañosa. Gracias a la presentación de esta documentación falsa, a través del PPP, lograron obtener un préstamo cercano a los $538,000.

Posteriormente, idearon un plan para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos obtenidos, realizando más de 10,000 dólares en transacciones financieras. Además, presentaron documentos fiscales falsos y fraudulentos que respaldaron su solicitud de permiso de préstamo, lo cual constituye un grave delito.

¿Cómo se detectó el fraude de los venezolanos en Florida que buscaban ayudar a las empresas?

En mayo de 2021, el abogado nacional formó un grupo de trabajo con el objetivo de detectores de fraude relacionado con la acción del gobierno durante la pandemia del Covid-19. A través de sus investigaciones, se dieron cuenta de que Freddy Urribarri y Mairilin Muñoz habían presentado solicitudes de préstamos falsos.

Diversas autoridades participaron en la investigación, incluyendo el Departamento de Investigación de Seguridad Nacional, que desplegó su equipo en el área de Miami. Este trabajo conjunto permitió identificar la magnitud del fraude y su alcance.

Las autoridades han indicado que, con estos arrestos y acusaciones, se reafirma el compromiso de investigar y procesar a los actores penales tanto nacionales como internacionales, a la vez que se protege a las agencias encargadas de gestionar programas de asistencia pública.