En Antioquia, hablar de seguridad es también hablar de poder, territorio y memoria. En medio del debate por la reciente aprobación en la Asamblea Departamental de Antioquia del impuesto de seguridad propuesto por el gobernador Andrés Julián Rendón, desde el periódico desdeabajo quisimos ir más allá de los titulares y conversar con una de las voces más críticas dentro de la corporación, el diputado Juan David Muñoz Quintero, más conocido como Juancho Muñoz.
Durante esta entrevista, Juancho comparte su visión sobre el impacto de este nuevo impuesto, al que califica como regresivo, y advierte sobre los riesgos de revivir figuras como los frentes de seguridad ciudadana. También hablamos sobre el papel de las organizaciones sociales y ambientales, el momento que vive la llamada “paz total” en Antioquia. En el camino, no faltaron las reflexiones sobre la memoria, la cultura política local, y la importancia de fortalecer los medios alternativos que, como este periódico, resisten desde lo territorial.
desdeabajo (da): La Asamblea Departamental aprobó la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón de crear un impuesto de seguridad para el departamento, pese a múltiples cuestionamientos. ¿Qué implicaciones tiene esta medida y hasta qué punto podría revivir figuras peligrosas como los frentes de seguridad ciudadana, asociadas históricamente al paramilitarismo?
Juancho Muñoz (JM): Veamos dos dimensiones que ello implica: Una, decir que la tasa de seguridad es un tributo que no afecta a los sectores populares, como difundieron esa iniciativa, es falso, pues sí los afecta. Dicen que la sobretasa por cobrar en la factura de los servicios públicos impactará solo a los estratos 4, 5, 6, a industria, comercio y establecimientos oficiales y por fuera quedan los estratos 1, 2 y 3, y que por tanto no es un impuesto regresivo.
Eso no es así. Sí es regresivo. Por un lado, porque al cobrarle a industria, comercio y servicios se afecta toda la cadena productiva y de valor, y es el consumidor final quien paga ese aumento. Los empresarios no van a perder lo que pagan en la tasa. Los empresarios aumentarán los costos finales de las mercancías y de los productos, muchos de primera necesidad, que necesariamente compran los estratos 1, 2 y 3.
Pero también, cuando incluyen establecimientos oficiales, por ejemplo universidades –públicas y privadas–, hospitales, clínicas –públicas y privadas–, establecimientos que atienden a todos los estratos, se afecta a todos, sin exclusiones. Un tributo, además, que impacta a instituciones en crisis financiera, como la Universidad de Antioquia. Entonces, en materia económica es un impuesto regresivo.
La otra dimensión es la narrativa uribista, que dice que Petro no quiere a Antioquia y lo dejó en manos de la criminalidad. El gobernador plantea que la Fuerza Pública en el departamento no tiene posibilidad de hacer nada, que no tiene capacidad logística, que no los dejan salir a operar, etcétera.
Discurso irreal. Le he preguntado de manera directa a los comandantes de la Policía Metropolitana, en sesiones de la Asamblea: –Comandante, usted siente que desde el gobierno nacional lo tienen maniatado o no le dan las condiciones para operar–, y ellos obviamente niegan esa aseveración.
da. ¿Podríamos decir, entonces, que es un discurso maniqueo?
JM. Sin duda. Toda una manipulación tras dos propósitos: 1. Conseguir recursos para fortalecer temas de cámaras y logística en general. 2. Decir que no alcanza con la Fuerza Pública porque está maniatada, porque Petro no quiere. Entonces, necesitamos que los ciudadanos hagan parte del proceso de seguridad. Un discurso muy parecido al de Álvaro Uribe en su momento, y que dio paso a las Convivir.
En el Plan de Desarrollo, que también confrontamos y denunciamos, solicitaron y aprobaron 10.000 frentes locales de seguridad. Imagínese, 10.000 grupos en Antioquia organizados con comunicación directa con un sector político que ha entendido una forma de seguridad a partir del control violento y de la vinculación de civiles a tareas militares. 10.000 grupos trabajados ideológicamente en cada uno de los territorios, con una concepción paraestatal de la seguridad, funcionando y con capacidad logística. Esa es la intención del gobernador.
Entonces, de la sobretasa aprobada sacarán recursos para fortalecer estos grupos. Ya habían sacado recursos de otras partidas para radios y logística. Esta es una obsesión del gobernador. Algo ligado con el incremento extraordinario de salvoconductos en Antioquia, aumento visible incluso a la luz de la historia que sobre el particular registra el mismo. De tal manera que podrán vincular a mucha gente, armada, a esos frentes de seguridad, funcionando bajo esa orientación muy cercana al paramilitarismo.
Es una realidad que genera preocupación por lo que pueda venir. Aunque, como puede recordarse, la Corte Constitucional prohibió que estos grupos estén armados. Pero en lo que no hay claridad es en la manera de integrar y funcionar estos frentes de seguridad pues no hay normativas sobre ellos.
da. Según lo expresado, todo puede ser y suceder con los frentes de seguridad…
JM. Eso nos tememos. Por ejemplo, le preguntamos a la Policía si los integrantes de los frentes están armados o no, y nada concreto responde. También preguntamos por sus integrantes, si pudieran llegar a ser personas que integraron organizaciones paramilitares, y dicen no saber o no responden.
Entonces estamos ante grupos civiles con tareas policivas indeterminadas e integrantes con pasado ni presente claro, pero legitimados por la gobernación de Antioquia, es decir, ejerciendo autoridad, posiblemente armados y con una concepción, en este caso, muy de derecha extrema, que puede llevar a que se generen, como también lo denunciamos a principio del año 2024, procesos de limpieza social.
A inicios y mediados del año anterior Antioquia registró un fenómeno que lo llamaron “los embolsados”: empezaron a aparecer cuerpos embolsados en ríos y las características de las personas encontradas eran de pelados jóvenes consumidores o habitantes de calle. En el Oriente antioqueño, un líder ambiental joven fue asesinado y muchos vecinos dicen que lo mató un integrante de frentes de seguridad. Y en esa parte del departamento es donde hay más frentes de seguridad registrados. Mire la casualidad, es el territorio del grupo político que hoy manda en Antioquia. Entonces, esas cosas a uno le empiezan a generar mucho ruido, sobre todo en momentos en los que en Antioquia hay fuertes disputas territoriales entre organizaciones ambientalistas que defienden el territorio y grupos políticos y económicos que quieren seguir explotando la megaminería, grupos que históricamente han tenido relaciones con diferentes grupos armados cercanos al paramilitarismo.
da. Ya que menciona que el Oriente antioqueño es la zona donde más frentes de seguridad ciudadana existen, ¿qué posibilidades reales tienen las comunidades de organizarse y protegerse por fuera de esas lógicas de control social? ¿Cómo pueden las organizaciones sociales y ambientales defenderse y fortalecerse ante un panorama tan adverso?
JM. Creo que hoy en Antioquia vivimos un momento muy complicado para las organizaciones sociales, porque se desmontó el sistema de derechos humanos con que contaban y en el cual actuaban instancias como la mesa de concertación entre el proceso social de garantías y el gobierno departamental, y en el que convergían las diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y se lograba hacer como una especie de engranaje institucional con las organizaciones sociales para establecer protocolos de protección o medidas urgentes de traslado, etcétera, herramientas que si bien no funcionaban a cabalidad sí establecían la arquitectura institucional para que las organizaciones se sintieran más respaldadas en su quehacer cotidiano, en ese batallar diario contra grupos ilegales, entre ellos paramilitares.
Esto se desmontó, pero también hay otro problema desde el orden nacional y es que el Ministerio del Interior no mantiene la necesaria y robusta presencia que requerimos, pues si conocen cómo gobiernan en Antioquia –sin la concurrencia necesaria–, con la amenaza constante que pesa sobre las organizaciones sociales, es ilógico que nos aíslen, que no estén presentes.
Es un aislamiento que se siente más de parte del Ministerio del Interior, con la responsabilidad en el tema de los derechos humanos, ya que de parte del Ministerio de Ambiente, por ejemplo en el suroeste, sí se siente su presencia, con delegados permanentes sobre el territorio, también de parte de la cartera de Agricultura.
da. Desde tu experiencia en el departamento, ¿cómo ha sido recibida y aplicada la política de paz total en Antioquia? ¿Qué condiciones serían necesarias para que esta apuesta realmente avance en los territorios y contribuya a la seguridad?
JM. La paz total es tal vez la apuesta más bien intencionada del gobierno, y más difícil de materializar –y lo hemos visto– por todo lo que pretende, más allá de los simples indicadores.
Entonces, primero, a grandes rasgos, la paz total incluye negociación con los grupos que están en armas, iniciativas de paz territorial y un capítulo particular de paz urbana. En Antioquia, esta última ha dado algunos resultados, aunque con peligros. Hoy están en la mesa la mayoría de estructuras de criminalidad del Valle de Aburrá, estructuras gigantes, las más grandes del país, con acuerdos que han implicado, por ejemplo, la disminución de homicidios, y hace poco un acuerdo sobre extorsión. Las críticas a este proceso es que está permitiendo que esas estructuras se fortalezcan, y de nuevo se están distribuyendo los territorios.
Lo otro es con la guerrilla, en particular el Eln, con el cual hay mucha incertidumbre sobre su rumbo; pero también hay otras estructuras grandes, como los gaitanistas, con poder territorial, episodios en los que también reina la incertidumbre. Son procesos en los que la conciliación está rota y la puerta de la radicalización está abierta. Eso alguna gente lo ha celebrado, a mí me parece una tragedia.
Entonces, me parece que es un momento muy lamentable del conflicto en el que lo que deberíamos hacer como país es tratar de rodear la búsqueda de la paz, tratar de rodearla críticamente pero, sobre todo, midiendo mucho cada palabra. Entonces, creo que con el tema de la paz total en Antioquia hoy estamos con estas dos dimensiones: una que está más o menos dando luces y otra que no, pero la una sin la otra será muy difícil que se consolide.
da. En relación con la participación ciudadana, ¿considera que la participación de la gente es clave para avanzar en iniciativas como esta?
JM. Sí, esa participación es fundamental para la construcción de paz, de cultura para la paz, pero también para las condiciones materiales, económicas, de inversión, de infraestructura, para hacerla posible, que la ciudadanía decida ciertas cosas de manera vinculante.
Frente a la negociación del desmonte de la guerra, las condiciones para que un actor y otro digan paremos, ahí debe haber unos cuidados con la participación para no caer en el participacionismo como fetiche, una realidad conocida y que enreda y frustra procesos de diálogo. Lo otro es participación, pero sin manipulación de liderazgos y organizaciones particulares, que en función de una supuesta representación de grandes grupos ciudadanos se convierte en grupo de presión en búsqueda de intereses particulares. ¿Qué buscan quienes así actúan? ¿Serán quienes contraten ciertas cosas con el Estado en nombre de la paz? Entonces, a esa participación hay que colocarle criterios éticos. Es muy importante la participación ciudadana en la construcción de paz, pero hay que ponerle límites para que no se traduzca en un negocio para algunos.
da. En una región como Antioquia, en la que las narrativas de guerra han tenido tanto peso, ¿cómo fomentar que quienes históricamente han padecido la violencia se conviertan en protagonistas de la paz? ¿Qué estrategias podrían ayudar a que la ciudadanía comprenda que la paz es una apuesta a favor de la mayoría y no solo de intereses particulares?
JM. Acá hay que dar una batalla cultural profunda, pues se ha construido una identidad cultural con la guerra pero no es gratuita. En Antioquia han logrado hacer una llave muy perversa entre los grupos empresariales más poderosos del país, la clase política y ciertos liderazgos religiosos tradicionales. Y súmele el narcotráfico. Una suma de intereses con logros culturales y políticos evidentes: la permisibilidad con la violencia como conducto efectivo para conservar el orden y los privilegios, la estética higienista, de la limpieza, del orden, de la que los antioqueños se sienten orgullosos, dispositivo que es posible ver en la cultura de metro, de la limpieza, en aceptar el paramilitarismo.
Es una legitimación de la violencia, de su “eficacia”, con la cual se reconoce la complacencia con el paramilitarismo pero también con el supuesto de que acá, en comparación con otros departamentos, se vive mejor, más tranquilos. Realidad favorecida por el comportamiento político de quienes pensamos diferente, al no haber desplegado, realmente, una batalla cultural sino que hemos dado la disputa desde la negación del otro o sea, lo planteado es que el otro es ignorante, uribista, tonto, y no hemos entendido cómo se ha construido esa identidad del otro; intentamos siempre vencer al otro con argumentos, a pesar de este no estar realmente en una disputa discursiva, toda vez que está convencido de la eficacia y viabilidad de la violencia.
Una de las cosas que esperaba de este gobierno era que tuviéramos acá herramientas muy fuertes para la batalla cultural. Cierto, algo se ha avanzado y mejorado en Rtvc, con Señal Colombia, medios que llegan a tocar temas claves, pero aún prevalece el centralismo, miradas desde afuera y que no logran la necesaria sintonía con el ser local, con las formas de ver y comunicar que prevalecen en las comunidades. Le dan voz a algunos liderazgos, por ejemplo en el Oriente del departamento con el tema de los Frentes de Seguridad, se llevan la información, producen el programa, pero nada más. Y todo esto con el agravante que acá poco se ve Rtvc.
Entonces, nos hacen falta brigadas y ejércitos de gente que den la batalla cultural en los territorios, gente que esté en temas sociales, culturales, por eso yo decía de la participación ciudadana en la construcción de paz, la construcción cultural, simbólica pero también material de la paz, desplegando esa contranarrativa; y esto articulado con un proceso educativo, con la historia política del país y de Antioquia, porque construir paz y cultura para la paz no es solo decir que es mejor vivir en paz que en guerra.
da. En el contexto de Medellín, la paz urbana es un tema clave, ¿qué obstáculos puede colocar la actual administración para impedir la realización de tal propósito?
JM. No contar con un alcalde abierto a estos procesos dificulta mucho más el tema. Contar con un alcalde que se la hubiera jugado por este tema –por lo menos por conocer el proceso, por acercarse a su dinámica–, arrojaría hoy muchísimos más resultados. Lo mismo con un gobernador: si el actual se la hubiera jugado por la paz durante 2024, sé que en el país el tema estaría diferente.
Me parece que un alcalde no dispuesto a caminar por esta senda, o poco abierto a intentar transformar esta realidad, nos lleva a perder –o por lo menos dificultar– el fortalecimiento de la experiencia abierta en las cárceles con estas bandas. Medellín es una de las alcaldías más ricas del país, y podría aportar con mucho recurso para que la balanza se inclinara de manera diferente a como lo ha hecho hasta ahora. Recursos para establecer una serie de políticas públicas importantes, por ejemplo, con las juventudes que son objeto de reclutamiento, incluso con jóvenes que ya están en las estructuras pero con papeles aún no de mandos y que podrían recuperarse. Creo que se podría establecer una articulación muy fuerte entre el poder nacional y distrital, que hasta ahora no ha sido posible.
Como sabemos, para que salga bien este tipo de iniciativas, lo más importante, además de las buenas intenciones, es la transición económica para los integrantes de esas estructuras. En últimas, esa es la motivación principal de estos pelados. Para algunos es un trabajo: ganan uno, dos o tres salarios mínimos, incluso con prestaciones. El tema es complejo y demanda un conocimiento preciso de ese “empresariado” de la muerte; ningún pelado de esos va a dejar de delinquir si no tiene una opción económica de vida que le permita por lo menos sustentarse. No contar con una alcaldía dispuesta a ello obliga al gobierno nacional a definir y concretar una mayor acción e inversión en la ciudad para que la iniciativa de paz total urbana gane espacio.
da. Como diputado en una Asamblea donde la mayoría está alineada con el gobernador, ¿qué retos considera son más difíciles de materializar, pero que a tu juicio deberían ser apuestas imprescindibles? ¿Cómo cree que se podría influir para promover iniciativas que desafíen la narrativa dominante y que sean claves para el bienestar social y la paz en el departamento?
JM. Hay algo importante que logramos el año pasado: creamos la primera comisión de paz en una Asamblea en el país. Antes intentó lograrlo Andrés Mesa, diputado liberal demócrata, pero no logró los apoyos necesarios.
Partiendo de su experiencia ví la necesidad de tejer con todo cuidado el apoyo a esta iniciativa. Realicé un ejercicio realmente de filigrana y de lobby, uno por uno, hablándoles: “venga, construyamos esto, más allá de que ustedes sean afines o no, por lo menos tengamos espacios para debatir sobre la paz, para que podamos hacer un ejercicio de control, incluso al gobierno nacional, sobre la inversión de paz”.
Es decir, les planteé el tema como que es responsabilidad de los diputados, todos, más allá de su orientación ideológica, generar algunos espacios y que luego en esos espacios diéramos la pelea sobre qué tipo de paz y cómo, pero que la tengamos. Y lo logramos. Presentamos entonces un proyecto de ordenanza que se aprobó por unanimidad, que crea la comisión de paz y queda establecida ya como una comisión especial en el reglamento interno de la Asamblea.
Entonces, eso fue un gran logro porque lo que permite es tener institucionalidad desde la Asamblea orientada a la paz. Esa comisión la quisimos hacer como una comisión ampliada. Entonces, si bien hoy la conformamos cinco diputados, lo que hemos hecho es ampliarla, y entonces de ella hacen parte las organizaciones de verificación como la Misión de Verificación de la ONU, la OEA, todas estas entidades internacionales. Están las entidades del gobierno nacional con presencia en Antioquia, responsables de la implementación del acuerdo. Está la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación y organizaciones sociales de Antioquia.
Y el resto es muy poco margen para actuar en la región en pro de la paz, que es muy pequeño, más allá de poder utilizar el micrófono y algunas herramientas como la creación de comisiones accidentales, etcétera, que le permiten a uno cubrirse en la legitimidad que tiene esa institucionalidad de la asamblea para llegar a ciertos territorios y conversar con actores que de otra manera no nos recibirían. Utilizar esa legitimidad para ayudar a construir ese bloque contrahegemónico que busca construir paz acá.
Esta es la realidad y el marco dentro del cual nos movemos en procura de la paz total, para que tan importante iniciativa del gobierno nacional se haga realidad o, por lo menos, gane algún espacio en nuestro departamento y ciudad. Tenemos como deuda desatar una gran iniciativa en el campo de la cultura por la paz, algo en lo cual pueden participar muchas personas, cada una desde su campo de acción cotidiana, desde su profesión, desde sus saberes, contactos, etcétera. Desde la Asamblea podemos colaborar institucionalmente, pero la suerte de todo esto descansa en las manos de todas las personas que viven en Antioquia.
