Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el presidente Nicolás Maduro entró en una nueva etapa: la del gobierno sin legitimidad electoral. Sin haber mostrado nunca los resultados, el oficialismo se arrogó una victoria «difícil de creer». Pero la oposición no ha logrado capitalizar el apoyo electoral a su candidato Edmundo González, quien finalmente abandonó el país, y hoy se encuentra nuevamente dividida. Para conversar sobre la actual coyuntura en la era Trump 2.0, Pablo Stefanoni entrevista a Yoletty Bracho y Manuel Sutherland.
Yoletty Bracho es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Aviñón e integrante del Groupe d’Études Interdisciplinaire sur le Venezuela (geiven). Manuel Sutherland es economista, doctor en Estudios del Desarrollo, profesor y coordinador de estudios de posgrado del Centro de Estudios del Desarrollo cendes-Universidad Central de Venezuela (ucv). Dirige el Centro de Investigación y Formación Obrera (cifo) de Caracas.
-Luego de las elecciones, Nicolás Maduro pareció afianzarse en el poder. Pese a que las actas nunca aparecieron, la oposición no logró convocar a grandes movilizaciones y la salida del país de Edmundo González terminó de «pinchar» al movimiento. ¿Cómo describirían el estado actual del gobierno?
Yoletty Bracho: La consolidación autoritaria del gobierno de Nicolas Maduro ha sido un largo proceso en el que la coalición gobernante ha aprendido a sortear los obstáculos que se le han presentado afianzando alianzas políticas, económicas y militares a escala nacional e internacional. La represión social y política que se agudizó después de las elecciones logró enfriar la movilización popular, en un contexto en el que el liderazgo de la oposición tradicional, aunque logró coordinar un gran esfuerzo electoral, no supo acompañar las movilizaciones espontáneas de las clases populares que fueron el objetivo principal de la represión. Hoy en día se entiende que en Venezuela existe un gobierno de facto, y que este está en capacidad de organizar nuevas elecciones parlamentarias y regionales. Dichas elecciones permiten nuevamente aglutinar a las fuerzas que aún apoyan al chavismo de gobierno (ya sea por adhesión, por coerción o por autoprotección), al tiempo que dividen a las oposiciones, incluidas las disidencias de izquierda, sobre la estrategia a tomar frente al llamado al voto. En mi opinión, esto muestra que el gobierno de Maduro sigue teniendo el control de los tiempos políticos en Venezuela, lo que es sin duda una demostración de fuerza e incluso de estabilidad.
Ahora bien, la estabilidad del gobierno de facto tiene altos costos para la población venezolana dado que esta se construye bajo el precepto de un Estado fuerte en lo coercitivo, pero poco (o nada) protector de los derechos sociales y de la vida. Así, el pasado 1o de Mayo, fecha emblemática del movimiento obrero, el salario mínimo mensual en Venezuela se calculaba en 1,5 dólares. Dicho salario se acompaña de una serie de «bonos de guerra» (por la denominada «guerra económica» contra Venezuela) o de «protección de la familia» para empleados públicos, que pueden ser de hasta 120 dólares, y de bonos alimenticios que pueden llegar hasta 40 dólares1. Esto, en un contexto en el que, según los cálculos, la canasta básica se encuentra entre 500 y 700 dólares mensuales2.
La represión no cesa. Recientemente, el colectivo Madres en Defensa de la Verdad denunció el 4 de mayo la muerte de Lindomar Bustamente, quien fue recluido en la cárcel de Tocorón en el contexto de la represión postelectoral3. Su muerte, presuntamente un suicidio por ahorcamiento, no es la primera entre los detenidos tras las elecciones presidenciales pasadas. Estas tragedias confirman los costos de la estabilidad autoritaria con los que los venezolanos deben lidiar en la cotidianidad.
Manuel Sutherland: El régimen político actual está absolutamente convencido de que no debe soltar nunca el poder, no importa todo lo que se tenga que hacer para retenerlo. De forma constante, invierte la casi totalidad de su tiempo en desarrollar herramientas muy duras de control social. Hay alrededor de 900 presos políticos en condiciones muy precarias. A muchos les han dado tratamiento como enemigos de guerra, es decir, están incomunicados, sin abogados particulares, sin ver a sus familiares y en condiciones muy graves de salud. Tanto es así que ha habido seis muertes bajo custodia, en lo que se refiere a los presos por los eventos posteriores a lo sucedido el 28 de julio del año pasado. El régimen trata a la sociedad civil como un ente al que hay que someter por la fuerza y cualquiera que no esté de acuerdo es visto como un enemigo a neutralizar. Reina una autocensura muy fuerte y un miedo a expresar opiniones políticas.
La gente votó por un cambio radical pero el resultado electoral ni siquiera fue publicado de manera desagregada. Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral (cne) no ha publicado los resultados detallados por estado, partido, municipio… y hay una sensación terrible de fracaso e imposibilidad de cambio político, y, consecuentemente, económico. En ese ámbito, el chavismo no parece ofrecer nada nuevo. Resignación, obediencia o castigo parecen ser las alternativas para las personas que quisieran poder, simplemente, trabajar, opinar y alimentarse dignamente.
-¿Cuánto afectó al chavismo la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Y cómo están impactando las deportaciones desde el punto de vista político?
YB: Hemos percibido vaivenes en la relación entre el gobierno de Maduro y la Casa Blanca. A finales del mes de enero de 2025 vimos la llegada a Caracas de un enviado especial de Trump, Richard Grenell, y la excarcelación de prisioneros estadounidenses en un acuerdo que incluía la recepción por parte de las autoridades venezolanas de migrantes deportados desde Estados Unidos4. El gobierno de Maduro estuvo participando activamente en la política de deportación enviando aviones de Conviasa, la línea aérea nacional venezolana, hacia territorio estadounidense para buscar a los migrantes. En este periodo, Maduro habló incluso de un «nuevo inicio» en las relaciones entre ambos países. La buena voluntad del gobierno venezolano respecto de la administración Trump estuvo evidentemente motivada por la cuestión del petróleo y las sanciones. En efecto, la perspectiva de una relación transaccional y mutuamente funcional entre los dos Ejecutivos pareció posible durante varias semanas. Pero tal perspectiva se encontró con el obstáculo de Marco Rubio y su llegada al Departamento de Estado. Rubio, representante de los llamados neocons, difícilmente seguiría el camino de la estabilización de las relaciones con Venezuela, dado su rechazo histórico al chavismo5.
Más recientemente, los migrantes venezolanos en eeuu se han convertido en uno de los objetivos principales de la política de deportaciones de la Casa Blanca. El espantapájaros del Tren de Aragua, la banda criminal que nació en las cárceles gobernadas por el chavismo, ha servido para legitimar la expulsión de venezolanos, cientos de los cuales fueron llevados a la inhumana cárcel de El Salvador a través de los acuerdos entre Nayib Bukele y Trump. Estos sucesos le dan un punto de apoyo a la retórica antiimperialista del gobierno de Maduro, que se puede presentar como garante de la dignidad y la seguridad de los venezolanos, al mismo tiempo que sigue enviando aviones a eeuu y América Central para recoger a los deportados. En ambos casos, lo que vemos es una evidente instrumentalización de los migrantes venezolanos para fines políticos y económicos a una escala internacional.
MS: Tras la eliminación en los hechos, no formalmente, de varias sanciones en octubre de 2023, en el marco de diversas jornadas de acuerdos y diálogos, se suponía que el régimen permitiría a la oposición ir a elecciones sin inhabilitaciones, se liberaría a los presos políticos y se devolverían las tarjetas electorales a los partidos judicializados. Ello duró unos seis meses, y el régimen incumplió casi todo lo acordado. Tamaña falta al acuerdo no destruyó, sin embargo, la relación entre eeuu y Venezuela, y el gobierno de Joe Biden optó por unas políticas de licencias petroleras que permitirían una gran apertura para que ciertas transnacionales (estadounidenses, indias y europeas) pudieran incrementar la extracción de petróleo y hacer jugosas ganancias, sin apenas pagar al fisco, debido a que las licencias prohibían, taxativamente, el pago de dividendos, regalías y tributos.
Después del 28 de julio de 2024, el gobierno de Biden desconoció, de nuevo, al gobierno de Maduro y dijo que, a partir del 10 de enero de 2025, se hablaría con Edmundo González. A partir de ahí hubo un distanciamiento mayor y se sucedieron sanciones individuales y algunas amenazas, pero nada importante. Las generosas licencias petroleras se mantuvieron y el multimillonario lobby de Chevron y otras empresas impuso la tesis de continuidad de los negocios, sin importar la situación política o humanitaria del país.
Pero el advenimiento de Donald Trump cambió el panorama antes comentado. Su gabinete y asesores principales conforman el ala más anticomunista. Los más vociferantes enemigos del chavismo llegaron a la Casa Blanca y ganaron puestos en el Senado y la Cámara de Representantes. Desde el estado de Florida, estos políticos han construido su carrera mediante el combate frontal a la izquierda mundial. Ellos prometieron atacar con ferocidad a la tríada Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las durísimas medidas contra el gobierno bolivariano apenas comienzan.
Las deportaciones son una fuente de malestar –rechazo y temor– para los venezolanos y de una merma directa del ingreso de muchos, por las remesas que se recibían desde allá, que van a bajar de nuevo. La eliminación de programas de protección ha sido vista como una agresión directa a los venezolanos y ha puesto a la oposición de María Corina Machado a tratar de ofrecer complicadas explicaciones para agradar a sus compatriotas sin molestar a su principal aliado, Marco Rubio, quien ahora ha acumulado un enorme poder con la salida de Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional. Para muchos venezolanos se ha clausurado, de un día para otro y de manera catastrófica, el sueño americano, pero aún esperan que el gobierno de Trump combata al chavismo con fiereza.
-¿Qué tipo de reacomodamientos se están produciendo en el interior de la oposición? ¿Cómo quedó la figura de María Corina Machado?
YB: El sábado 8 de febrero, el grupo de extrema derecha del Parlamento Europeo Patriotas por Europa se reunió en Madrid bajo el lema «Make Europe Great Again» [Hacer de nuevo grande a Europa]. A esta reunión asistieron los líderes de los partidos nacionales que conforman el grupo europeo, como Marine Le Pen, Viktor Orbán, Matteo Salvini y Santiago Abascal. Durante esta reunión, María Corina Machado intervino por streaming para agradecer «el trabajo del grupo Patriotas por Europa dentro del Parlamento Europeo, que siempre ha estado a la vanguardia de la lucha por la libertad del pueblo venezolano»6. Su participación en esta reunión es coherente con las alianzas históricas entre la líder de la oposición tradicional y las fuerzas políticas reaccionarias internacionales7. En ese sentido, vimos a Machado legitimar la expulsión y el encarcelamiento de supuestos miembros del Tren de Aragua en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (cecot), argumentando un vínculo entre la banda y el gobierno de Nicolás Maduro que ha sido desmentido por diversos analistas8. Este discurso es precisamente el argumento que ha sido utilizado por la Casa Blanca para declarar a la banda criminal venezolana como una organización terrorista y tratar como tales a quienes se acusa de formar parte de ella por razones tan banales como tener un tatuaje en forma de corona.
Está claro que la situación de Edmundo González en Venezuela se hizo insostenible dadas las presiones del gobierno de Maduro. Muchas señales dieron a entender que su salida del país y su refugio en España fueron el resultado de acuerdos que se lograron en el contexto coercitivo posterior a las elecciones. Sin embargo, más allá de la figura del «presidente electo», la oposición tradicional venezolana está fuertemente dividida entre quienes retornan –para muchos de manera involuntaria– a la arena internacional como espacio de acción política y quienes buscar ganar terreno en el territorio venezolano. Una clara fuente de división fueron las elecciones parlamentarias y regionales del mes de mayo. En efecto, los partidos que decidieron participar en estas elecciones, como Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, fueron expulsados de la Plataforma Unitaria Democrática. Más aún, vimos el claro enfrentamiento entre las posiciones de María Corina Machado y Julio Borges –desde el exilio– en contra de la participación, y las de Henrique Capriles y Manuel Rosales, que decidieron participar. Tomemos en cuenta que la participación de Capriles fue posible gracias a su rehabilitación para presentarse como candidato, luego de su inhabilitación en 2017 por 15 años por decisión de la Contraloría General. De momento se desconocen los intercambios o acuerdos que permitieron esta rehabilitación. Podemos ver también a Juan Requesens, quien después de ser liberado en 2023 –había sido encarcelado en 2018 acusado de haber participado en un ataque con drones contra Nicolás Maduro– se presentó como candidato a la gobernación del estado Miranda. Requesens llamó a «resignificar el voto» como una herramienta de lucha para los venezolanos, en ruptura con la estrategia abstencionista del ala de la oposición tradicional vinculada a Machado.
Entre las oposiciones y disidencias de izquierda, la discusión sobre las elecciones se construyó desde una perspectiva crítica del electoralismo, señalando que el tema electoral no debería poner de lado la construcción de la política desde abajo y a través de la lucha social. En ese sentido, la corriente Comunes, por ejemplo, se cuestionó sobre la pertinencia de la participación en una elección cuando no se ha aclarado aún lo sucedido el pasado 28 de julio, y cuando se mantienen privadas de libertad a cientos de personas que se movilizaron tras el anuncio de la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Por su lado, el partido Centrados –del que forma parte el ex-alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas Juan Barreto, quien fue miembro del gobierno de Hugo Chávez– decidió participar en las elecciones, al tiempo que denunciaba la reclusión desde enero de Enrique Márquez, quien fuera su candidato presidencial en 2024. Hay una gran dificultad tanto para organizarse como para expresarse políticamente en la Venezuela de hoy, pero también hay quienes logran en un contexto altamente adverso movilizarse, por ejemplo, por los derechos de los trabajadores y contra la destrucción del salario.
MS: La oposición, según todos los estudios y análisis sobre las actas del CNE que se han podido publicar, viene de tener una victoria aplastante en las elecciones presidenciales. Si se suman los votos del antichavismo en el extranjero, que se vio impedido de participar, se hablaría de 85% a 90% de votos a favor de una opción de cambio, cualquiera que sea. Ese caudal fue resultado de un movimiento casi espontáneo. Los partidos opositores han sido devastados por acciones judiciales, persecución, cárcel y exilio de sus dirigentes y por un divorcio con un empresariado que dejó de apoyarlos por la crisis y el temor a ser castigados por el Estado. El partido de María Corina Machado no existe como tal, no había participado antes en elecciones y no fue formalizado con la tarjeta electoral. La vieja guardia opositora luchó contra Machado con denuedo y de manera sutil apoyó a Edmundo González, tratando de distanciarlo de ella.
Esta vieja guardia tuvo una ruptura en 2016 y otra muy profunda en 2019, que se concretó en el auge de partidos «judicializados» de oposición, cuya personería legal fue entregada por el gobierno a dirigentes que armaron fracciones que se rebelaron ante los líderes tradicionales de esos partidos, haciendo alianzas tácitas con el chavismo; esto se tradujo en votos de unanimidad en la Asamblea Nacional y un silencio total ante los sucesos del 28 de julio. Popularmente llamada «alacranato», esta oposición sacó menos de 1% (sumada) en las elecciones pasadas, según las actas del cne que se han publicado9. Ha apoyado radicalmente los proyectos claves del chavismo y ha servido como bálsamo de normalización política y acatamiento dócil de las políticas gubernamentales más arbitrarias.
La vieja guardia que aún queda, y que no ha sido perseguida, encarcelada o exiliada, ha tratado de bajar el tono y buscar espacios de diálogo y acercamiento con el chavismo. Así las cosas, ha decidido participar en las elecciones adelantadas al 25 de mayo, rompiendo definitivamente la endeble unidad de la Plataforma Unitaria y los independientes que apoyaron a Edmundo González en las elecciones. María Corina Machado ha sido astuta y ha visto que alrededor de 75% de la población no quiere votar y que un llamado a votar/luchar desoído por una amplia mayoría sería contraproducente en la lucha por exigir reivindicar los resultados del 28 de julio. Luego de la última desilusión del 10 de enero de 2025, cuando Maduro asumió otro mandato, la dirección de la oposición mayoritaria ha quedado devastada y está casi en la clandestinidad. Esto último también es un factor esencial que le impediría realizar una campaña electoral medianamente seria. Otro asunto radica en la imposibilidad de gestionar fondos para la campaña, de organizar asambleas y de crear un equipo de testigos de mesa para la defensa del voto. El nivel de represión es muy fuerte y en las redes sociales pululan los testimonios de testigos de mesa electoral que tuvieron que irse del país, producto de un hostigamiento intenso.
Así las cosas, con el adelantamiento de elecciones para cargos que recién se asumirán en enero de 2026, el gobierno ha metido una cuña divisoria muy potente en la debilitada oposición. En estos momentos, hay peleas internas por cargos, por tarjetas electorales, por los escasos recursos disponibles para hacer propaganda y por votar o no votar. Acusaciones de traidores y «vendidos» abundan en las redes sociales. El gobierno ofreció un juguete roto para distraer a los opositores y ha sido un éxito. Siendo amplia mayoría por escándalo, la oposición transita su momento de mayor debilidad, desorden e indefensión.
-¿Cómo evalúan la situación económica y social tras el intento del gobierno de mostrar que «todo está normal» en los últimos tiempos, cuando la escasez devino en una abundancia para un sector de la población?
YB: El regreso de un momento inflacionario trae nuevamente preocupaciones a los venezolanos que habían aprendido a vivir –y a sobrevivir– en la precaria estabilidad de los últimos años. Vuelven a circular previsiones con cifras de tres dígitos para 2025, así como fuertes disparidades entre el precio del dólar oficial y el paralelo. Claramente, las perspectivas económicas del país se agravan con el recrudecimiento de la política de sanciones estadounidense bajo el nuevo gobierno de Trump. El gobierno parece nuevamente buscar salidas a través de sus vínculos con China. Este 9 de mayo pasado, Maduro se encontró con Xi Jinping en Moscú, mientras que Delcy Rodríguez había realizado una gira por China días antes anunciando posibles acuerdos energéticos entre los dos países10. Mientras, efectivamente, en Venezuela sigue existiendo una elite civil y militar que logra sortear los vaivenes de la economía gracias a las facilidades que le son otorgadas por el gobierno, que favorecen las economías de importación de bienes de consumo y la exportación de bienes del subsuelo extraídos en terribles condiciones de trabajo tanto humanas como ambientales. Por su parte, la gran parte de la población venezolana que se acostumbró a vivir en un país donde la excepción se ha convertido en la norma se mantiene a flote entre el trabajo informal, las remesas enviadas por los migrantes en el exterior, los bonos y otras «ayudas» entregadas a través de lo que queda del sistema de las misiones y de los dispositivos participativos territoriales, que permiten completar lo necesario para una vida cotidiana muy precaria.
MS: El gobierno insiste en que ha habido 16 trimestres seguidos de crecimiento económico y en que Venezuela es el país con mayor crecimiento del planeta. Ello no tiene respaldo en las propias cifras de Banco Central, ya que los datos del pib se dejaron de publicar después del primer trimestre de 2019. Este discurso contradice el relato sobre las sanciones como herramienta destructiva de la economía y como dispositivo responsable del estancamiento del salario en más de tres años. Desde abril de 2022 hasta marzo de 2025, la inflación acumulada ronda 1600%, la política de contención inflacionaria sobre la base de la asfixia salarial, financiera y crediticia ha fallado por completo, y la estabilidad no ha sido más que una vaga promesa. El salario, es decir, la suma que cuenta para calcular prestaciones sociales (jubilación, vacaciones y liquidación, entre otras), como ya se señaló, es de apenas 1,5 dólares mensuales y perdió 99% de su valor en apenas 13 años, situación que ha impulsado un éxodo de casi ocho millones de personas, alrededor de un cuarto de la población total. El último 1o de Mayo se esperaba que el gobierno incrementase el salario, pero no lo hizo. Incrementó el llamado «bono de guerra». Dicho bono, junto con el bono de alimentación, ronda los 160 dólares como «ingreso mínimo legal». Ello es una transferencia directa del gobierno nacional a quienes trabajan en el sector público. Sin embargo, los pensionados apenas reciben 1,5 dólares mensuales y 50 dólares al mes por «bono de guerra». La política de sobrevaluación cambiaria permanente ha convertido a Venezuela en un país extremadamente caro –la canasta alimentaria básica para cinco personas ronda los 530 dólares al mes–. Por tanto, una familia trabajadora con dos ingresos mínimos no cubre ni 62% de la canasta alimentaria mínima y, por ende, estaría bajo el umbral de la pobreza extrema; para sobrevivir hay que «inventar» o «matar tigritos». Incluso en el sector privado, el sueldo de un trabajador (casi todos bonos sin incidencia en las prestaciones sociales) ronda los 220 dólares mensuales; por ende, tampoco una pareja podría cubrir tan siquiera los costos de los alimentos más limitados.
La senda de devaluaciones, salarios por el piso y pobreza generalizada hace que muchas personas esperen emigrar o que suceda un milagro que las saque del abismo. No parece divisarse una luz al final del túnel. La economía sigue un sendero zombi. Muchos negocios cierran y los que abren parecen adherirse a modas que terminan dejándolos en el olvido con rapidez.
24/05/2025
Notas:
1.«Maduro aumenta los bonos y deja el salario mínimo igual» en Efecto Cocuyo, 30/4/2025.
2.«Un venezolano necesita 97,4 dólares al mes para cubrir gastos de alimentación, según ONG» en Swissinfo, 22/3/2025.
3.«Madres en Defensa de la Verdad: ‘El Estado está matando a nuestros muchachos, exigimos libertad’» en La Izquierda Diario, 4/5/2025.
4.«Venezuela libera a seis estadounidenses tras reunión entre Maduro y enviado de Trump» en RFI, 1/2/2025.
5.«Los pronunciamientos de Marco Rubio sobre Cuba, Venezuela y Colombia» en CNN en español, 13/11/2024.
6.«Full speech of @MariaCorinaya for the #MakeEuropeGreatAgain Summit in Madrid» en X, 8/2/2025, disponible en https://x.com/Patriotseu/statu…
7.Por ejemplo, María Corina Machado y Edmundo González recibieron en 2024 el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a través de un voto de alianza entre la derecha y la extrema derecha europea.
8.Rebecca Hanson, David Smilde y Verónica Zubillaga: «This Is Not the Right Way to Curb Migration» en The New York Times, 4/4/2025.
9.Alonso Moleiro y Florantonia Singer: «Los ‘alacranes’, la oposición acusada de colaborar con el chavismo en Venezuela, también lanza una candidatura única» en El País, 27/4/2024.
10.José Luis Granados Ceja: «Venezuela’s Vice President Touts New Energy Investment Following Trip to China» en Venezuelanalysis, 1/5/2025.
profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Aviñón e integrante del Groupe d’Études Interdisciplinaire sur le Venezuela (geiven).
economista, doctor en Estudios del Desarrollo, profesor y coordinador de estudios de posgrado del Centro de Estudios del Desarrollo cendes-Universidad Central de Venezuela (ucv). Dirige el Centro de Investigación y Formación Obrera (cifo) de Caracas.
